Supreme Court of Puerto Rico January 28, 1969, Número: O-67-79 (Estado Libre Asociado v. Tribunal Superior)
Also known as
United States · · · 28-01-1969
per CURIAM:
En 27 de marzo de 1961 un automóvil marca Chevrolet fue confiscado porque alagadamente había sido *845utilizado para transportar armas en violación de la ley. 25 L.P.R.A. sec. 447.
Domingo Pérez Muñiz impugnó la confiscación mediante la radicación de la demanda civil CS-61-867 contra el Secre-tario de Justicia de Puerto Rico. En dicha demanda Domingo Pérez Muñiz alegó ser el dueño del vehículo confiscado. Esta acción civil no prosperó por haber sido presentada fuera del término jurisdiccional de 15 días siguientes a la notificación de la confiscación. 34 L.P.R.A. sec. 1722(a).
Mediante la radicación de otra demanda — la número CS-62-1876 — la Pérez Auto Corporation, cuyo presidente es el antes mencionado Domingo Pérez Muñiz, impugnó la confis-cación alegando ser la dueña del automóvil. Esta segunda acción se presentó contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La misma fue presentada más de un año después de la notificación de la confiscación bajo la teoría de la deman-dante de que ella no fue notificada y al no serlo no han co-rrido contra ella los antes mencionados 15 días. (1)
La segunda acción se vio en su fondo y el tribunal de instancia llegó a las conclusiones de hecho que el vehículo confiscado era propiedad de la Pérez Auto Corporation; que Domingo Pérez Muñiz era el Gerente de dicha corporación; y que éste fue notificado de la confiscación del vehículo. Como cuestión de derecho el tribunal concluyó que no se notificó a la corporación y condenó al demandado a pagar a la deman-dante la suma de $4,000.00 más los intereses acumulados desde la fecha de la incautación, 27 de marzo de 1961. A solicitud del Procurador General expedimos auto de certiorari.
Tenemos que aceptar las conclusiones de hecho del tribunal de instancia porque este recurso de certiorari que el estatuto autoriza expresamente para estos casos de confis-cación de vehículos está limitado por ley a cuestiones de derecho — 34 L.P.R.A. sec.
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