Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico May 22, 2003, Núm. KLAN-2002-00926 (Banco Popular de Puerto Rico v. Estado Libre Asociado)

Also known as

United States · · · 22-05-2003

Peñagarícano Soler, Jueza Ponente

TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA

Comparece ante nos El Estado Libre Asociado (en adelante, E.L.A.) por conducto del Procurador General. *178Acude en apelación de la sentencia emitida el 14 de mayo de 2002, notificada y archivada en autos el 11 de julio del año en curso, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, T.P.I.), Sala Superior de San Juan, en el caso Banco Popular de Puerto Rico v. E.L.A., civil núm. KAC2000-2651(507). En dicha sentencia se declaró inconstitucional la Sección 1, Artículo 2(C), de la Ley Número 32 de 14 de enero de 2000, 34 L.P.R.A. see. 1723 (c). La referida Ley enmendaba la Ley Uniforme de Confiscaciones a los efectos de establecer que una absolución en un caso penal sobre los mismos hechos que producen la confiscación, no constituye impedimento colateral por sentencia en el caso civil de confiscación.

Contando con la comparecencia de las partes concernidas, examinados en su totalidad los documentos que obran en el expediente del caso de autos, y el derecho aplicable, resolvemos confirmar la Sentencia recurrida. Veamos.

I

El 25 de abril de 2000, la Policía de Puerto Rico confiscó el vehículo objeto de esta controversia, un Mitsubishi Mirage, tablilla DIP-887. El 10 de mayo de 2000, la Junta de Confiscaciones notificó al Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, el Banco) que el vehículo antes descrito fue confiscado por alegadamente haber sido utiüzado en contra de la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas de Puerto Rico. Se cursó dicha notificación al Banco debido a que el automóvil fue adquirido por venta condicional y aún quedaba pendiente un balance de pago, por lo que tenía legitimación para intervenir en el procedimiento. El 19 de mayo de 2000, el Banco y Pan American Insurance Company (en adelante, Pan American) presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, impugnando la confiscación de dicho vehículo.

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